por Roberto Porcel
Hace muchos años que Argentina se encuentra incluida en la denominada “Priority Wacht List” que elabora todos los años el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con motivo de su falta de acción contra el comercio ilegal y el fraude marcario. Alcanza con leer lo que informan los distintos reportes elaborados al respecto, por caso el del año 2015: “…In terms of physical piracy, the Notorious Market La Salada is one of biggest open-air markets in Latin America offering counterfeit and pirated goods, and it continues to grow. Open twice a week, La Salada attracts over one million people a day who browse and buy literally millions of illegal goods each year…“.
Traducido, el notorio mercado La Salada es uno de los más grandes a cielo abierto en América Latina que ofrece bienes falsificados y pirateados y que está en constante crecimiento. Abierto dos veces por semana, La Salada atrae más de un millón de personas por día que compran literalmente millones de bienes ilegales cada año. Este enorme mercado informal del que el mundo tiene conocimiento hace muchos años ya, pareciera que nuestro país lo acaba de descubrir. Ironías de lado, son muchos los que se preguntan qué cambió, para que de la noche a la mañana La Salada perdiera todos sus privilegios. Sencillamente, sentido común, autoridades judiciales renovadas y serias, y por supuesto, decisión política.
Ícono de la época kirchnerista, este mercado y sus administradores fueron mostrados al mundo como el modelo a seguir. A nadie sorprende a esta altura que desde el gobierno kirchnerista se haya alentado la violación de la ley.
Esa era la regla; bolsos llenos de dinero, obra pública que se pagaba y no se hacía, rutas inexistentes, hoteles vacíos que figuraban como completos, bienes y patrimonio que no se declaraban, hijos y entenados, en síntesis, corrupción e impunidad. La ex presidente, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en Angola hacía la apología de La Salada y de su administrador, -hoy preso-, y le gritaba al mundo “yo sé que muchos se van a enojar y me van a decir cosas cuando vuelva a Argentina, pero ésta -se refería a la Salada de Castillo- también es la Argentina…”. La ex presidente sabía a ciencia cierta que lo que estaba haciendo y pregonando era incorrecto y no correspondía; pero aún así, avanzaba y lo alentaba mientras se divertía y bailaba. Muy costoso para el país; bochornoso.
Obviamente un escalón más en esa ruta que nos alejó del mundo y solo dirigía a Venezuela y Cuba.
Ojalá las investigaciones en curso no se agoten en las caras más notorias, sino que hurguen en aquellos funcionarios que alentaron este festival del delito y en aquellos que se hicieron los distraídos a la hora de tener que actuar conforme a la ley. Sin dudas que lo actuado en estas últimas horas por los jueces intervinientes y por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires que allanaron las ferias y provocaron las detenciones no merecen más que aplausos.
Sin embargo, la condena y persecución de los delitos de falsificación de marcas y piratería son todavía una gran deuda de las autoridades. La falsificación de marcas es un delito de acción pública. En el caso de La Salada, este delito es manifiesto; sin embargo, de las tres causas en curso que han motivado los allanamientos que se han visto en estos días, ninguna de ellas es por infracción a la ley de marcas ni por piratería intelectual. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo conoce mejor que nadie de estos delitos; porque fue autor durante su mandato como Diputado de la Nación, de sendos proyectos para reformar la ley de marcas en materia penal para que se sancione con mayor severidad justamente este tipo de ilícito. Seguramente no sea una casualidad, que precisamente este funcionario sea quien hoy se haya puesto al frente de la lucha contra estas mafias que tanto daño le hacen a nuestro país.
Es importante que lo sucedido en La Salada sea la bisagra que necesitaba el país para salir de la lista de países más comprometidos en lo que hace a piratería y falsificación marcaría; pero sobre todo, que sea un antes y un después en lo que hace a corrupción e impunidad.
(*): Abogado. Socio titular del estudio Doctores Porcel fundado en 1921. Especialista en falsificación marcas.